El Ministerio de Economía y Finanzas de Perú dio luz verde a un conjunto de modificaciones en el marco normativo aduanero, con el propósito de mejorar la eficiencia en los procesos relacionados con el ingreso, tránsito y gestión de mercancías. Estas reformas fueron oficializadas mediante el Decreto Supremo N.° 076-2026-EF, el cual introduce cambios relevantes en la Ley General de Aduanas, buscando modernizar diversos procedimientos y adecuarlos a criterios más ágiles y proporcionales.
De acuerdo con la información difundida por la entidad, uno de los cambios más significativos está dirigido a los operadores de transporte. En este sentido, se establece que los transportistas podrán optar por el pago de una multa en lugar de la aplicación del comiso de mercancías en situaciones donde se detecten bienes no declarados o existan discrepancias durante los procesos de tránsito o transbordo con destino a terceros países. Esta medida apunta a proporcionar mayor flexibilidad operativa y evitar sanciones excesivamente gravosas en casos específicos.
Asimismo, otro aspecto central de la reforma es la modificación de los procedimientos de control físico de mercancías. En concreto, se elimina la exigencia de realizar inspecciones físicas obligatorias en todas las operaciones vinculadas a regímenes como la reimportación en el mismo estado, la admisión temporal para reexportación sin transformación y la exportación temporal con retorno al mismo estado. A partir de ahora, estas verificaciones solo se llevarán a cabo cuando así lo determinen los sistemas de gestión de riesgos implementados por la autoridad aduanera. Esta disposición permite optimizar recursos, reducir tiempos de despacho y priorizar los casos que realmente ameritan una revisión exhaustiva.
En esa misma línea de simplificación, también se ha definido que los transportistas deberán gestionar los documentos relacionados con la carga en tránsito hacia otros destinos únicamente ante la intendencia de aduanas correspondiente al primer puerto de ingreso al país. Esta medida busca centralizar los trámites iniciales, evitando duplicidades administrativas y facilitando una gestión más ordenada y eficiente del flujo logístico.
En cuanto al régimen sancionador, las reformas introducen importantes ajustes orientados a la reducción de multas en determinadas situaciones. Entre los cambios se contemplan menores penalidades para casos de presentación tardía de documentos de transporte en la vía marítima, incumplimientos vinculados al despacho anticipado antes de un requerimiento formal de la autoridad aduanera, y errores en la declaración cuando estos no impliquen perjuicios fiscales, es decir, cuando no existan tributos ni recargos pendientes de pago.
Adicionalmente, se ha establecido una delimitación más precisa respecto a las sanciones por la no transmisión de documentación de respaldo al momento de numerar declaraciones, especialmente cuando esta omisión ocurre antes de un requerimiento por parte de la autoridad competente. También se han armonizado los criterios para determinar el monto de las sanciones aplicables en casos de declaración incorrecta cuando exista una afectación tributaria, alineando estos estándares con las disposiciones vigentes en el ámbito impositivo.
Según lo han manifestado funcionarios públicos vinculados al sector económico, estas modificaciones constituyen un avance importante hacia la modernización del sistema aduanero. Destacan que las nuevas disposiciones permitirán contar con procedimientos más rápidos, previsibles y menos costosos para los operadores del comercio exterior, lo cual repercute positivamente en la competitividad del país en los mercados internacionales.
Al mismo tiempo, las autoridades han señalado que, pese a las facilidades introducidas, se mantiene un enfoque firme en el control aduanero. En ese sentido, la incorporación de herramientas basadas en la gestión de riesgos permitirá un equilibrio adecuado entre la facilitación del comercio y la fiscalización, garantizando que las operaciones se desarrollen dentro del marco legal sin afectar la seguridad ni la recaudación.
En síntesis, la reforma al sistema normativo de aduanas en Perú representa un ajuste integral que combina simplificación de procesos, reducción de cargas administrativas y actualización de sanciones, todo ello orientado a fortalecer la eficiencia del comercio exterior sin descuidar los mecanismos de control.