El gobierno de Japón ha anunciado una ambiciosa iniciativa de cooperación internacional destinada a combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada en el Hemisferio Sur. A través de su Ministerio de Relaciones Exteriores, la nación nipona destinará aproximadamente 300 millones de yenes (equivalentes a 1.9 millones de dólares) para fortalecer la seguridad marítima de Sudamérica. El programa, que se canalizará mediante la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, proveerá de tecnología avanzada, incluyendo drones de vigilancia, botes inflables y software de análisis de imágenes, a países clave como Ecuador, Argentina, Uruguay y, con especial énfasis por su posición estratégica, Perú.
Para el Perú, esta asistencia técnica resulta vital dada la magnitud de su litoral y la riqueza de sus recursos hidrobiológicos. El mar peruano es uno de los más productivos del mundo, lo que lo convierte en un objetivo constante para las flotas extranjeras, predominantemente de origen chino. Estas embarcaciones suelen navegar frente a las costas peruanas siguiendo la ruta del calamar gigante (pota) y otras especies migratorias, desplazándose desde las Galápagos hacia el sur.
Uno de los mayores desafíos que enfrenta la Marina de Guerra del Perú y la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI) es la táctica de invisibilidad utilizada por estos buques. Muchos de ellos apagan sus transpondedores GPS al aproximarse a la Zona Económica Exclusiva (ZEE) peruana para evitar ser rastreados mientras realizan incursiones ilegales. La tecnología japonesa de drones permitirá al Perú identificar embarcaciones sospechosas incluso con los sistemas de rastreo desactivados, facilitando el registro de matrículas, el tamaño de las tripulaciones y la reconstrucción de sus rutas de navegación.
La problemática en aguas peruanas no solo se limita a la extracción no autorizada de recursos. Existe una creciente preocupación por las actividades de «mapeo del lecho marino» que estas flotas estarían realizando bajo la fachada de pesca comercial. Al igual que se ha denunciado en Argentina, en Perú se sospecha que el uso de tecnología de sonar avanzada por parte de estos buques busca recopilar datos estratégicos sobre la plataforma continental, lo que trasciende el ámbito ecológico para convertirse en un tema de seguridad nacional.
La asistencia japonesa también tiene un componente humanitario indirecto. Se ha documentado que en estas flotas operan trabajadores, muchos de ellos provenientes del Sudeste Asiático, bajo condiciones que rozan la esclavitud moderna: jornadas extenuantes, falta de control sanitario y nula protección laboral. Al mejorar la capacidad de intercepción y patrullaje en el mar peruano, las autoridades podrán ejercer una mayor presión regulatoria que podría derivar en la detección de abusos a los derechos humanos en alta mar.
Para Japón, este apoyo al Perú y sus vecinos no es casualidad. El país asiático enfrenta problemas similares en el Banco de Yamato, donde sufre la incursión de pesqueros extranjeros. Al fortalecer las capacidades de guardacostas en Sudamérica, Japón busca crear un frente global contra la depredación de los océanos. En el caso específico del Perú, la implementación de estos equipos permitirá cerrar la brecha tecnológica frente a las flotas industriales modernas, asegurando que la soberanía marítima peruana no sea vulnerada por actores que operan al margen de la ley internacional, protegiendo así el sustento de miles de pescadores artesanales locales que dependen de la salud de nuestro ecosistema marino.