Perú busca consolidar un nuevo ciclo de inversiones que permita acelerar el desarrollo económico, mejorar la infraestructura y reducir las brechas existentes entre sus diferentes regiones. Esta estrategia forma parte de los lineamientos de política económica incluidos en el Marco Macroeconómico Multianual 2027-2030, documento que establece las perspectivas y prioridades nacionales para los próximos años.
La hoja de ruta plantea fortalecer las condiciones necesarias para atraer capitales privados y acelerar la ejecución de proyectos estratégicos en diferentes sectores. El objetivo es que las inversiones no solo contribuyan al crecimiento de la actividad económica, sino que también generen empleo, eleven la productividad y amplíen el acceso de la población a servicios esenciales.
Según las proyecciones oficiales, Perú cuenta con fundamentos macroeconómicos sólidos, una extensa red de acuerdos comerciales y expectativas favorables entre los empresarios. A estas condiciones se suman los elevados precios de algunos productos de exportación, factores que configuran un escenario propicio para promover nuevas iniciativas y fortalecer la confianza de los inversionistas.
La estrategia priorizará proyectos con capacidad para generar encadenamientos productivos. Este tipo de inversiones moviliza recursos y crea oportunidades para proveedores, contratistas, transportistas, operadores logísticos y empresas de servicios. Su ejecución también puede impulsar la demanda de materiales, maquinaria, tecnología y mano de obra especializada.
El país dispone actualmente de una cartera diversificada de proyectos valorada en aproximadamente US$116.000 millones, con posibilidades de ejecución durante los próximos años. Este volumen representa una oportunidad para incrementar el capital productivo, modernizar la infraestructura y elevar la competitividad de las actividades económicas.
Además, la ejecución de estas iniciativas podría impulsar nuevos polos de desarrollo fuera de Lima. La descentralización de las inversiones permitiría dinamizar las economías regionales, crear puestos de trabajo y promover una distribución territorial más equilibrada de las oportunidades empresariales.
La minería concentra una parte importante de la cartera. El sector cuenta con 66 proyectos que, en conjunto, representan inversiones superiores a US$64.000 millones. Una proporción significativa corresponde a iniciativas relacionadas con la producción de cobre, mineral cuya demanda internacional mantendría una perspectiva favorable por el avance mundial de la transición energética.
El cobre es un insumo fundamental para la fabricación de vehículos eléctricos, sistemas de transmisión, infraestructura energética y tecnologías renovables. Por esta razón, el desarrollo eficiente y sostenible de los proyectos mineros podría fortalecer la posición de Perú como proveedor estratégico para las industrias vinculadas con la transformación energética global.
Sin embargo, el impacto de estas inversiones no se limita a la extracción de minerales. Los proyectos demandan infraestructura vial, energía, transporte, almacenamiento, servicios técnicos y soluciones logísticas. Esta dinámica puede beneficiar a numerosas empresas y actividades relacionadas con las cadenas de suministro.
Otro componente importante corresponde a los proyectos que serán desarrollados mediante Asociaciones Público-Privadas. Entre 2026 y 2028 se contempla adjudicar una cartera cercana a US$34.000 millones en iniciativas relacionadas con salud, industria, transmisión eléctrica, agua, saneamiento y educación.
Las Asociaciones Público-Privadas permiten combinar las capacidades del Estado y del sector empresarial para financiar, construir, operar o mantener infraestructuras y servicios de interés público. Este mecanismo puede facilitar la ejecución de proyectos que requieren importantes recursos, experiencia especializada y una planificación de largo plazo.
La estrategia también incluye la utilización de Proyectos en Activos y otros instrumentos para acelerar las inversiones. Estas alternativas buscan aprovechar de manera eficiente los bienes y recursos estatales, reducir los tiempos de desarrollo y ofrecer condiciones adecuadas para la participación privada.
El cierre de brechas de infraestructura y servicios esenciales será otra prioridad. Entre 2028 y 2030 se proyecta impulsar inversiones superiores a US$12.000 millones en agua, saneamiento, salud y educación. La ejecución de estas iniciativas será fundamental para mejorar la calidad de vida y ampliar el acceso de la población a servicios básicos.
Los proyectos de agua y saneamiento contribuirán a mejorar las condiciones sanitarias de las comunidades, especialmente en zonas rurales y sectores urbanos con cobertura insuficiente. Las inversiones en salud permitirán ampliar y modernizar la capacidad de atención, mientras que las iniciativas educativas podrán fortalecer la infraestructura y generar ambientes adecuados para el aprendizaje.
Además de su impacto social, estas obras pueden generar empleo e impulsar la demanda de servicios de ingeniería, construcción, transporte y provisión de materiales. Su desarrollo también ayudará a reducir desigualdades territoriales y ofrecer mejores oportunidades de crecimiento a la población.
La implementación de esta cartera requerirá planificación, continuidad y coordinación entre las instituciones nacionales, las autoridades regionales y locales, y el sector privado. También será necesario agilizar los procedimientos administrativos, ofrecer reglas claras y garantizar el seguimiento de cada proyecto.
En conjunto, las inversiones por US$116.000 millones representan una oportunidad para transformar la infraestructura de Perú y fortalecer su capacidad productiva. El principal desafío será convertir los proyectos identificados en obras concretas que generen empleo, mejoren los servicios públicos y promuevan un desarrollo económico más competitivo, inclusivo y descentralizado.