El 30 de julio de 2025 marcó un día de alerta de tsunami y precaución para el sector portuario del Perú, especialmente en el puerto del Callao, debido a un fenómeno natural que encendió las alarmas de las autoridades , emitida por la Autoridad Marítima Nacional. Este aviso generó una serie de medidas de seguridad tanto por parte del sector público como del privado, en especial de empresas logísticas y operadores portuarios, con el objetivo de proteger la integridad del personal, las naves y la infraestructura.
La primera en pronunciarse fue la Autoridad Portuaria Nacional (APN), a través del Comunicado No 007-2025-APN. En este, se instruyó la paralización total de las operaciones portuarias y del zarpe de naves, en atención a la alerta de tsunami que afecta el litoral peruano. Esta decisión se adoptó como una medida preventiva ante la amenaza potencial que representa el oleaje anómalo, considerado un fenómeno precursor o parte de los efectos que puede provocar un tsunami. La APN también destacó que esta medida responde a criterios estrictamente relacionados con la seguridad de las personas, las embarcaciones y las instalaciones portuarias. Asimismo, informó que se mantendrá en comunicación constante con las autoridades competentes para evaluar el desarrollo del fenómeno y tomar las medidas pertinentes conforme evolucione la situación.
Por su parte, Fargo Line, una empresa perteneciente al grupo Ferreycorp, también anunció el cierre parcial de sus almacenes ubicados en el Callao a través del Comunicado No. 061-2025. La empresa se vio obligada a paralizar todo tipo de operaciones desde las 10:00 a.m. del mismo día, haciendo énfasis en que esta decisión se tomó para salvaguardar la seguridad de su personal, estableciendo el bienestar de sus colaboradores como su máxima prioridad. Fargo Line dejó claro que las operaciones se retomarán únicamente cuando las condiciones en la costa sean seguras y las autoridades lo autoricen. Mientras tanto, se comprometieron a mantener informados a sus clientes de cualquier actualización sobre la reanudación de actividades.
Ambos comunicados reflejan la seriedad con la que tanto el Estado como el sector privado abordan una situación de amenaza por tsunami. Si bien la alerta no garantiza la ocurrencia de un evento devastador, sí implica la posibilidad de que se generen oleajes intensos e inesperados que podrían poner en peligro a quienes operan en zonas costeras. La suspensión de actividades, aunque impacte temporalmente en la cadena logística, es una decisión responsable frente a un fenómeno natural cuya evolución es incierta y que puede traer consecuencias graves si no se actúa a tiempo.
La presencia de un tsunami en el litoral no solo implica un riesgo directo para quienes se encuentran en los muelles o embarcaciones, sino también para toda la logística que depende del flujo continuo de entrada y salida de mercancías. Por tanto, la respuesta coordinada y prudente de la APN y de empresas como Fargo Line destaca la importancia de los protocolos de seguridad y de comunicación efectiva ante escenarios críticos. Las acciones adoptadas permiten ganar tiempo valioso para evaluar riesgos, organizar evacuaciones si es necesario y resguardar activos de alto valor.
La comunidad logística del Callao y del país en general se encuentra en estado de vigilancia permanente. El fenómeno de oleaje anómalo y la alerta de tsunami ponen a prueba los planes de contingencia de las organizaciones, los sistemas de monitoreo marítimo y la capacidad de respuesta institucional. Aunque no hay una fecha exacta para el restablecimiento total de las operaciones, tanto autoridades como operadores han demostrado un enfoque común: ante un posible tsunami, la seguridad está por encima de la productividad.
Este tipo de eventos recuerda la vulnerabilidad de las actividades portuarias frente a fenómenos naturales y la necesidad de contar con protocolos que prioricen la prevención. Mientras las olas se calman y los informes técnicos continúan fluyendo, el puerto del Callao permanece en pausa, a la espera de condiciones más estables que garanticen la seguridad de todos los actores involucrados.