Infraestructura portuaria, es el eje central de la nueva normativa aprobada por el Gobierno peruano el 4 de julio de 2025. A través del Decreto Supremo N.º 009-2025-MTC, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció la modificación del Reglamento de la Ley del Sistema Portuario Nacional (Ley N.º 27943), con el objetivo de generar condiciones más atractivas para las inversiones privadas y posicionar al país como un referente logístico regional. Esta medida permitirá un impulso directo a la infraestructura portuaria, beneficiando tanto a los proyectos en marcha como a los futuros desarrollos estratégicos.
El principal cambio normativo consiste en habilitar la extensión de los plazos de las Asociaciones Público-Privadas (APP) hasta por 30 años adicionales. Esta decisión marca un antes y un después para la infraestructura portuaria, ya que permitirá no solo ampliar instalaciones existentes, sino también ejecutar obras fuera de las zonas de concesión. Estas obras incluyen antepuertos, vías de acceso, almacenes y todo tipo de mejoras en conectividad logística. La infraestructura portuaria del Perú se ve así fortalecida por un marco legal más flexible y moderno.
Desde el MEF se remarcó que esta reforma tiene un impacto positivo en varios niveles. Por un lado, promueve la inversión privada en infraestructura portuaria, generando empleo formal y nuevas oportunidades económicas. Por otro, mejora la competitividad logística del país, clave para las exportaciones, especialmente en sectores como el agroindustrial. El Perú, gracias a esta normativa, da un paso firme hacia la consolidación de una infraestructura portuaria moderna, eficiente y alineada con los requerimientos del comercio global.
Además, el Decreto Supremo ajusta artículos del reglamento vigente para adaptarlo a las exigencias actuales del comercio internacional. Esta adecuación normativa aporta mayor claridad y flexibilidad en la ejecución de proyectos, lo cual es esencial para acelerar inversiones y responder a las necesidades de conectividad de un país en crecimiento. Todo esto refuerza la idea de que la infraestructura portuaria no solo es un activo físico, sino un motor de desarrollo estratégico.
Uno de los casos más concretos que se beneficiará de este nuevo marco es el proyecto de ampliación del Puerto de Matarani, en Arequipa. Gracias a la reforma, se podrá firmar una adenda que permitirá ejecutar una inversión estimada en US$700 millones. Esta propuesta incluye un nuevo muelle multipropósito, un rompeolas, grúas eléctricas, patios mejorados y almacenes para minerales. Es un claro ejemplo de cómo la infraestructura portuaria puede transformar regiones enteras, generando empleo y dinamismo económico.
De igual forma, se espera que grandes operadores internacionales como DP World y APM Terminals, a cargo de los terminales del Puerto del Callao, presenten propuestas para ampliar su infraestructura portuaria. En conjunto, estos proyectos representarían una inversión de aproximadamente US$2.300 millones. De ese monto, US$1.300 millones serían destinados al Muelle Norte y US$1.000 millones a la Zona Sur. Con ello, la infraestructura portuaria del Callao se convertiría en una de las más modernas y competitivas de la región.
El MEF ha sido enfático al señalar que la infraestructura portuaria es un componente fundamental para el crecimiento económico sostenible del Perú. Esta reforma legal busca justamente consolidar ese rol, creando un entorno estable, confiable y favorable para la inversión de largo plazo. Las APP, bajo estas nuevas condiciones, tendrán más herramientas para planificar, ejecutar y operar proyectos de alto impacto.
En conclusión, la modificación del reglamento de la Ley del Sistema Portuario Nacional representa una oportunidad histórica para el desarrollo de la infraestructura portuaria en Perú. La visión de largo plazo, la atracción de inversión privada y la alineación con estándares internacionales posicionan al país como un hub logístico competitivo en América Latina. Esta decisión fortalece la infraestructura portuaria y reafirma el compromiso del Estado con el desarrollo, la conectividad y el comercio exterior eficiente.